lunes, 3 de febrero de 2014

Nueva subsecretaria de Educación asesoró a colegio subvencionado fuertemente cuestionado por sus apoderados

En medio de las movilizaciones estudiantiles, apoderados del colegio Dagoberto Godoy, de Lo Prado, acusaban una serie de irregularidades en el establecimiento, que incluían la presencia de ratones y fecas de palomas, dudas en torno a los recursos entregados por el Estado, molestia por cobros que incluían las llamadas hechas a los padres si un alumno estaba enfermo, hasta malos tratos a los jóvenes movilizados. El colegio es parte de la Red Crecemos, del ex esposo de Claudia Peirano y ex vicepresidente de la DC, Walter Oliva, y fue asesorado, mientras aún estaban casados, por la Agencia de Asistencia Técnica Educativa (ATE) Grupo Educativo, perteneciente a la ingeniera comercial.


El Mostrador
“Nos vimos frente a un grupo de delincuentes borrachos, armados con fierros, palos y perros, increpándonos con amenazas y además haciendo uso de los extintores del establecimiento sin  provocación alguna de nuestros hijos y alumnos ya que en esos momentos nuestra labor de padres fue la de llamar a carabineros para que se constatara los daños que ocurrían dentro del establecimiento de los cuales no éramos parte, ni el alumnado ni los padres de tales hechos de violencia”.


El relato es parte de una denuncia presentada ante la Seremi de Educación Metropolitana por un grupo de apoderados del colegio subvencionado Dagoberto Godoy, de Lo Prado, perteneciente a la Red Educacional Crecemos, propiedad del ex vicepresidente de la Democracia Cristiana, Walter Oliva, y ex marido de la próxima subsecretaria de Educación, Claudia Peirano (DC).

El establecimiento es uno de los tres planteles de la red Crecemos que han sido asesorados por la Agencia de Asistencia Técnica Educativa (ATE) Grupo Educativo, fundada por Peirano. Situación que salió a la luz en un reportaje de julio de 2012 de La Tercera, donde se señalaba que, hasta esa fecha, se habían contratado los servicios de la empresa por un total de 26 millones de pesos, tal como informó ayer El Mostrador.

Actividad comercial que no está prohibida según la ley, pero que para el entonces ministro de Educación, Harald Beyer, constituye una mala práctica en el sistema educacional. El ex titular de la referida cartera señalaba, incluso, que “no estamos contentos en la forma en que están organizadas las ATES ni cómo funcionan”, ya que este tipo de servicios cruzados entre establecimientos, agencias y familiares, se había convertido en un modus operandi para varias ATE.

Empresas que, según la Fundación Sol, son “parte de un nicho de negocios de la Educación chilena, que no existiría si hubiese adecuado financiamiento a las escuelas”.

Según publicó Ciper, pese a estar divorciados, Peirano y Oliva aún mantienen vínculos comerciales a través de tres sociedades, lo que se refleja en los registros del Diario Oficial. Una de ellas es Muebles Industriales Chilenos (MIC S.A.), creada pocos meses después del matrimonio de la pareja, en agosto de 1990. En ella participan Claudia Peirano, Oliva y su madre Aurelia Munizaga –con la que comparte la propiedad de la red de colegios Crecemos y de una ATE llamada Innovación Tres–, además de su hermano.

También siguen vinculados a través de la sociedad Ventisquero Colgante Ltda., registrada para realizar distintos tipos de asesorías y donde el consejero nacional de la DC mantiene el 1% de la propiedad. Por último, el ex matrimonio aún comparte la sociedad Lago LleuLleu Ltda., donde Oliva posee 99% (ver documentos adjuntos).

COLEGIOS DE MIEDO
Un año antes de que se supiera de estas asesorías de la empresa de Peirano, los apoderados pedían una explicación y disculpas “por encontrarnos expuestos a agresiones verbales y riesgos físicos tanto los apoderados como nuestros hijos y alumnos, por sujetos que se declararon contratados por la Empresa Red Crecemos, para dar todo tipo de agresiones físicas a nuestros hijos y a nosotros los apoderados del establecimiento”.

Las irregularidades dentro del establecimiento denunciadas por los apoderados abarcaban problemas mucho más profundos, como la necesidad de transparentar cómo se invertían los dineros entregados por el Estado o la existencia de deficitarias condiciones de higiene.

En la carta enviada a la entonces Seremi Lili Orell, los padres pedían “aclarar la situación de alumnos prioritarios, aquellos beneficiados por becas del Estado y que sabemos han pagado mensualidad y no se ha devuelto el dinero a sus padres”.

Así como por qué “existen casos de alumnos que habiendo presentado licencia médica en el establecimiento, se les considera presente en  clases”.

Los apoderados también reclamaban que, a pesar de la falta de funcionamiento normal de clases, el pago de las mensualidades era “un objeto de exigencia y apremio a los apoderados y alumnos”, además del disgusto general que provocaba el hecho de “ser publicados en DICOM cuando tenemos algún atraso en el pago de las mensualidades”.

No sólo eso. Cuando un alumno tenía un accidente dentro del establecimiento, “se cobraba la llamada para dar aviso al apoderado”.

En cuanto a la higiene del establecimiento, los padres señalaban que era totalmente “deficitaria”, ya que había ratones y fecas de palomas, situación que fue acompañada de fotos y videos.

Por otra parte, se mostraba molestia y preocupación por el hecho de sacar a los alumnos del establecimiento “sin nuestro consentimiento, para tener clases de Educación Física fuera del recinto escolar, debiendo cruzar la calle acompañados por un solo profesor, estos alumnos son tanto de enseñanza básica como de media. Cabe hacer presente que este colegio fue beneficiado con Ampliación de Dependencias por incorporación a la JEC (Jornada Escolar Completa)”.

Desde la Seremi de Educación señalaron a este medio que están revisando el estatus de la fiscalización encargada a la ex autoridad.


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